Cuando las sociedades que participen en la escisión sean anónimas o comanditarias por acciones, el proyecto de escisión deberá someterse al informe de uno o varios expertos independientes designados por el Registrador Mercantil del residencia de cada una de esas sociedades. Dicho informe entenderá, además, la opinión del patrimonio no dinerario que se transmita a cada sociedad. En los casos de escisión total o de escisión parcial, siempre que no se atribuyan a los socios de la sociedad que se escinde acciones, participaciones o cuotas de todas las sociedades beneficiarias, va a ser necesario el consentimiento individual de los afectados. 2.º La descripción precisa del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida y una declaración sobre el modo en que tal patrimonio se va a repartir entre las sociedades adjudicatarias o proseguirá en poder de la sociedad escindida en el caso de escisión parcial o de escisión por segregación, incluyendo las disposiciones relacionadas al tratamiento del patrimonio activo o pasivo no atribuidos de manera expresa en el proyecto, así como activos o pasivos extraños en la fecha en que se elabore el emprendimiento. 1.º En su caso, la atribución a los socios de la sociedad escindida de acciones, participaciones o cuotas en las sociedades adjudicatarias, en la sociedad escindida, o en las dos, y el método en el que se base dicha atribución. Los administradores de la sociedad absorbente estarán obligados a convocar la junta para que apruebe la absorción en el momento en que, dentro de los quince días siguientes a la publicación del último de los avisos a los que tiene relación el apartado anterior, lo soliciten asociados que representen, por lo menos, el uno por ciento del capital social.

Además, queda seguro la legislación especial relativa al ingreso, cesión o comunicación de información de naturaleza tributaria. El órgano de administración de la sociedad que realice o participe en una operación va a poder adjuntar para su publicación adjuntado con el proyecto una declaración que refleje con precisión la situación financiera actual en una fecha no anterior a un mes antes de la publicación de dicha declaración. En ella se hará constar que sobre la base de la información a su predisposición y después de haber realizado las averiguaciones que sean razonables, no conoce ningún fundamento por el que la sociedad, después de que la operación surta efecto, no pueda contestar de sus obligaciones al vencimiento de estas. Los asociados que con arreglo al régimen concreto de la modificación estructural proyectada tengan el derecho a enajenar sus acciones, participaciones o cuotas a cambio de una compensación en efectivo adecuada, van a poder ejercitarlo siempre y cuando hayan votado en oposición a la aprobación del pertinente emprendimiento o sean titulares de acciones o participaciones sin voto. En lo que se refiere a las medidas procesales, pimpolelê no influyen en el contenido de los derechos y libertades del título I de la Constitución De españa, de modo que no puede mantenerse que la regulación contenida en el real decreto-ley «perjudica» a esos derechos. Además de esto, en esta regulación procesal no se altera ni se perjudica a la competencia de los órganos judiciales. Tampoco se afecta a los elementos estructurales o esenciales del proceso.

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Caso de que la petición se presente fuera del período predeterminado, el derecho a la prestación se comenzará el primero de los días del mes siguiente al de la petición. En estas situaciones, el trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga derecho a percibir la prestación. Con lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación extraordinaria por cese de actividad va a ser, además de esto, incompatible con las ayudas por paralización de la flota. Sin perjuicio de ello, en el supuesto de percepción de tales ayudas, y anterior acreditación de semejante radical, los trabajadores autónomos asimismo van a quedar exonerados de la obligación de cotizar en los términos señalados en el apartado 3.

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El libro tercero, por su parte, consta de cuatro títulos que contienen diversas disposiciones que tienen por objeto adaptar nuestro ordenamiento jurídico al Derecho de la Unión Europea. Por otra parte, desde la primavera de 2022 y hasta la fecha, se han aprobado un total de seis packs, con la intención inicial de afrontar las secuelas en España de la guerra en Ucrania, con medidas tanto normativas como no normativas, que se fueron adaptando a la evolución de la coyuntura económica y social. Por otro lado, la Comisión ten en cuenta que no retira su recurso cuando el Estado miembro subsana la infracción a lo largo del procedimiento judicial, «sino mantiene su intención de imponer una suma a tanto alzado que abarque el tiempo durante el como se sostuvo la infracción hasta el momento en que se subsanó». La consecuencia lógica del enfoque de la suma a tanto alzado es que, en las situaciones en los que un Estado integrante subsane la infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un trámite de infracción, la Comisión no desiste de su recurso solo por ese fundamento. A fin de asegurar la transparencia y la igualdad de trato, la Comisión ha anunciado desde 1996 una sucesión de comunicaciones y notas en las que muestra su política y la metodología que aplica para el cálculo de las sanciones financieras».